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En 1844 los dominicanos
expulsaron a los haitianos que ocuparon su país durante 22 años
luego de que en 1821 se lograra un acuerdo amistoso de
independencia con la Corona Española.
En busca de su propio destino
y un futuro mejor, la colonia española en Santo Domingo se separó
de España en forma no bélica mediante transacciones pacíficas.
Sin embargo, el ansia de
libertad e independencia de los habitantes de la parte española de
la isla de Santo Domingo se vio cercenado con la inesperada
invasión de nuestro país por el ejército de la vecina nación
haitiana.
Durante 22 años ocuparon los
haitianos territorio dominicano e intentaron eliminar el idioma y
las costumbres. Obligaron a publicar los documentos oficiales en
francés y otras medidas que atentaban contra la esencia misma de
las tradiciones y cultura de los que vendría a ser más tarde el
pueblo dominicano.
La segunda mitad de febrero
presenta en República Dominicana a una intensa agenda de
actividades dedicadas a las fiestas patrias en celebración de la
Independencia Nacional lograda el día 27 de febrero y en
conmemoración de la lucha patriótica de los héroes de la
Independencia Nacional.
Aunque Duarte no estaba, los
trinitarios no dejaban en sus acciones y en la causa de la
libertad del país. Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón
Mella y Vicente Celestino, Duarte dirigían a los trinitarios, casi
sin recursos hacían circular las ideas en hojas manuscritas, para
organizarse y sumar adherentes a las ideas separatistas.
El 16 de enero de 1844, fue
redactada por don Tomás Bobadilla, la manifestación de los pueblos
de la parte este de la isla, denominada antes Española o de Santo
Domingo, en la que se enunciaban las causas de su separación de la
República Haitiana. Esta manifestación sería la ley que regiría
la República proclamada, hasta que se promulgara su constitución.
Esa noche del 27 de febrero
de 1844 iban congregándose poco a poco, pequeños grupos de
patriotas que provenían de las distintas zonas de la ciudad.
El comienzo de la acción
separatista fue indicado por un trabucazo disparado por Matías
Ramón Mellas en la puerta de la Misericordia, y que fue oído por
todos los habitantes de la ciudad.
Aunque Juan Pablo Duarte, el
padre de la Patria, se hallaba ausente, la noche del martes 27 de
febrero de 1844, en la puerta del Conde de la ciudad de Santo
Domingo, la Republica Dominicana era proclamada por Tomas
Bobadilla, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella,
Manuel Jiménez, Vicente Celestino Duarte, José Joaquín Puello,
Gabino Pueble, Eusebio Puello, Eduardo Abreu, Juan de la Concha,
Tomas de la Concha, Cayetano Rodríguez, Félix Maria del Monte y
otros patriotas, quines expresarían a las autoridades haitianas su
“Indestructible Resolución de ser Libres e Independientes, a costa
de nuestras vidas y nuestros intereses, sin que ninguna amenaza
sea capaz de retractar nuestra voluntad”.
Ese 27 de febrero de 1844,
Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, cuando llegada
la noche se dirigían hacia la Puerta del Conde, en el baluarte de
San Genaro, izan la Bandera Dominicana, Ondea en la ciudad de
Santo Domingo la bandera bordad por Concepción Bona y su prima
Maria de Jesús Piña, junto con otras damas. La Bandera
había
surgido de un proyecto presentado por Juan Pablo Duarte y
aprobado, el 16 de julio de julio de 1838 en La Trinitaria, donde
se presentaban los colores y la forma de la enseña, donde se
presentaban el nuevo estado, que se denominaría Republica
Dominicana.
La Cruz blanca es el símbolo
de la lucha de los libertadores para legarnos una patria libre.
Los patriotas habían planeado
que en la noche del 27 de febrero tomar posesión de todos los
fuertes emplazados en la muralla y del puerto. Para llevar a cabo
estas acciones, contaban con la cooperación de varios militares
que apoyaban la causa y que estaban dispuestos a entregar sus
posiciones y ayudar a tomar la Fortaleza.
Ante el apoyo popular y de
diversos grupos que unían sus fuerzas por la libertad, los
haitianos se consideraron incapaces de combatir un alzamiento de
tal magnitud, y el 28 de febrero se obtuvo la capitulación de la
guarnición haitiana.
La defensa y el respeto
debidos a la opinión de todos los hombres y a la de las naciones
civilizadas imponen a un país unido a otro y deseoso de retomar y
reivindicar sus derechos rompiendo sus lazos políticos, que
declare con franqueza y buena fe los motivos que lo inducen a dar
ese paso, a fin de que no se piense que lo ha impulsado un
espíritu de curiosidad y de ambición. Creemos haber demostrado con
nuestra heroica constancia que deben soportarse los males de un
gobierno mientras nos parezcan soportables, siendo mejor eso que
hacer justicia o sustraernos a los mismos. Pero cuando una larga
serie de injusticias, de violencias y de vejámenes acaba por
probar la intención de reducirlo todo a la desesperación y a la
más absoluta tiranía, es entonces un sagrado derecho para los
pueblos y aun un deber, sacudir el yugo de semejante gobierno y
proveer nuevas garantías que les aseguren su estabilidad y su
prosperidad futura.
Por el hecho de que los
hombres no se han reunido en sociedad sino con el objeto de
trabajar en su conservación, que han recibido de la Naturaleza el
derecho de proponer los medios y de buscarlos a fin de obtener ese
resultado, por esa misma razón, semejantes principios los
autorizan a ponerse en guardia, a precaverse de todo lo que puede
privarlos de tal derecho, cuando la sociedad se halla amenazada.
Esa es la razón por la cual
los habitantes de la parte del Este de la isla, antes Española o
de Santo Domingo, valiéndose de sus derechos, impulsados como lo
fueron por veintidós años de opresión y oyendo de todas partes las
lamentaciones de la patria, han tomado la firme resolución de
separarse para siempre de la República haitiana y de constituir un
Estado libre y soberano.
Hace veintidós años que el
pueblo dominicano, por una fatalidad de la suerte, sufre la más
infame opresión: ya sea que ese estado de degradación haya
dependido de su verdadero interés, ya sea que se haya dejado
arrastrar por el torrente de las pasiones individuales, el hecho
es que se le ha impuesto un yugo más pesado y más degradante que
el de la antigua metrópoli.
Hace veintidós años que el
pueblo, privado de todos sus derechos, se ha visto violentamente
despojado de todos los beneficios en los cuales hubiera debido
participar si se lo hubiese considerado parte integrante de la
República. Y poco faltó para que se le quitara hasta el deseo de
sustraerse a tan humillante esclavitud... Cuando en febrero de
1822, la parte oriental de la isla, cediendo tan sólo a la fuerza
de las circunstancias, aceptó recibir el ejército del general
Boyer que, como amigo, fue más allá de los límites de una y otra
parte, los españoles dominicanos no pudieron creer que, con tan
disimulada perfidia, hubiera podido faltar a las promesas que le
sirvieron de pretexto para ocupar el país y sin las cuales hubiese
debido vencer muchas dificultades y hasta caminar sobre nuestros
cadáveres, si lo suerte lo hubiese favorecido.
No hubo un solo dominicano
que no le recibiera entonces sin demostraciones de simpatía. Por
doquier donde pasaba, el pueblo salía a su encuentro; creía
encontrar en el hombre que acababa de recibir en el Norte el
título de pacificador, la protección que le había sido prometida
de una manera tan hipócrita; pero muy pronto, mirando a través del
velo que escondía sus perniciosas intenciones, se descubrió que se
había entregado el país a su opresor, ¡a un tirano feroz!...
Con él entró en Santo Domingo
la maraña de todos los vicios y de todos los desórdenes, la
perfidia, la delación, la división, la calumnia, la violencia, la
usurpación y los odios personales, desconocidos hasta entonces en
el alma de ese pueblo bondadoso...
Sus decretos y sus disposiciones fueron los principios
de la discordia y la señal de la destrucción. Por medio de su
sistema maquiavélico y que todo lo desorganizaba, obligó a las
familias más respetables a emigrar, y con ellas desaparecieron de
la tierra los talentos, las riquezas, el comercio y la
agricultura. Alejó de su Consejo y de los principales empleos a
los hombres que hubieran podido defender los derechos de sus
conciudadanos, proponer un remedio a sus males y hacer conocer las
verdaderas necesidades del país. Menospreciando todos los
principios del derecho público y de gentes, redujo a muchas
familias a la miseria y a la indigencia, quitándoles sus
propiedades para reunirlas al dominio de la República, darlas a
individuos de la parte occidental o venderlas a vil precio a los
mismos. Desoló la campiña y destruyó la agricultura y el comercio.
Despojó las iglesias de sus riquezas, maltrató y humilló a los
ministros de la religión, los privó de sus rentas y de sus
derechos y, con su negligencia, dejó que cayeran en ruinas los
edificios públicos para que sus lugartenientes se aprovecharan de
los destrozos y pudiesen de tal suerte satisfacer la avaricia que
traían consigo desde el occidente.
Más tarde, con el objeto de
dar a esas injusticias las apariencias de la legalidad, emitió una
ley para que se incorporaran al dominio del Estado los bienes de
los ausentes, cuyos hermanos y parientes se hallan hasta hoy en la
más horrible miseria. Tales medidas no satisfacían su avaricia.
Puso también su mano sacrílega en las propiedades de los hijos del
Este y autorizó con la ley del 8 de julio de 1824 el latrocinio y
el fraude. Prohibió la comunidad de las tierras comunales que, en
virtud de convenciones y para la utilidad y las necesidades
familiares había subsistido desde el descubrimiento de la isla, y
eso con el único fin de que el Estado sacara provecho. Con esa
medida, acabó por arruinar las hattes y empobrecer a muchos padres
de familia; pero a él poco lo importaba arruinarlo y destruirlo
todo...
Dotado de gran imaginación
para llevar a cabo la obra de nuestra ruina y reducirlo todo a la
nada, imaginó un sistema monetario que redujo insensible y
gradualmente a las familias, los empleados, los comerciantes y la
mayoría de los habitantes a la más negra miseria. Es con tal
criterio y la influencia de su política infernal que el gobierno
haitiano propagó sus principios corruptores. Desencadenó pasiones,
suscitó espíritu partidario, forjó planes destructores, estableció
el espionaje e introdujo la cizaña y la discordia aun en los
hogares domésticos... Si un español se atrevía a hablar contra la
opresión y la tiranía, era denunciado como sospechoso, se lo
encerraba en un calabozo y muchos padecían aun el suplicio para
espantar a los demás y hacer morir, conjuntamente con ellos, los
sentimientos heredados de nuestros padres. Atormentada y
perseguida, la patria no halló otro refugio contra la tiranía que
en la intimidad de una juventud afligida y en algunas almas nobles
y puras que supieron concentrar sus principios sagrados para
relegar la propaganda a tiempos más favorables y devolver la
energía a quienes estaban abatidos y estupefactos.
Los veintiún años de la
administración corruptora de Boyer se deslizaron de tal suerte y,
durante los mismos, los habitantes de la parte oriental
experimentaron toda clase de privaciones, verdaderamente
innumerables. Trató a esos habitantes con más rigor que a un
pueblo conquistado por la fuerza. Los persiguió y les sacó lo que
podía satisfacer su avaricia y la de los suyos. En nombre de la
libertad, los redujo al estado de servidumbre. Los obligó a pagar
una deuda que no habían contraído, exactamente como los habitantes
de la parte occidental que se aprovecharon de los bienes
extranjeros, mientras nos deben, por lo contrario, las riquezas
que nos han usurpado o destinado al fin que más les convenía.
Tal es el triste cuadro del
estado de esa parte de la isla cuando el 27 de enero del año
pasado, Les Cayes lanzaron en el Sur el grito de reforma. Los
pueblos se sintieron en el acto como devorado por un fuego
eléctrico. Adhirieron a los principios de un Manifiesto del 1 de
septiembre de 1842 y la parte oriental se jactó, pero en vano de
que su porvenir sería más dichoso, a tal punto se hallaban de
buena fe.
El comandante Riviére fue
nombrado jefe de ejecución e intérprete de la voluntad del pueblo
soberano. Dictó leyes según su capricho. Estableció un gobierno
sin forma legal y donde no estaba incluido habitante alguno de
esta parte que ya se hubiera pronunciado a favor de la revolución.
Recorrió la isla y, en el departamento de Santiago, sin motivo
legal recordó con pena la triste época de Toussaint Louverture y
de Dessalines; llevaba consigo un monstruoso estado mayor que por
doquier introducía la desmoralización. Vendió los puestos, despojó
las iglesias, destruyó las elecciones hechas por los habitantes
para tener representantes que defendieran sus derechos, y eso para
dejar permanentemente esa parte de la isla en la miseria y en el
mismo estado y para conseguir partidarios que lo elevaran a la
presidencia, aunque sin mandato especial de sus comitentes. Así
fue. Amenazó la Asamblea constituyente y a raíz de extrañas
comunicaciones hechas por él al ejército bajo sus órdenes, resultó
presidente de la República.
So pretexto de que en esa
parte de la isla se pensaba en una separación del territorio a
favor de Colombia, llenó los calabozos de Puerto Príncipe con los
más ardientes ciudadanos de Santo Domingo, en cuyo corazón reinaba
el amor a la patria y que tan sólo aspiraban a una suerte más
dichosa, la igualdad de derechos y el respeto de las personas y de
las propiedades. Padres de familia se expatriaron de nuevo para
librarse de las persecuciones que se les infligía. Y cuando creyó
que sus designios se habían realizado y que tenía asegurado el
objeto que codiciaba, puso en libertad a los detenidos sin darles
ni la menor satisfacción por los insultos y los perjuicios que
habían sufrido.
Nuestra condición no ha
cambiado ni en lo mínimo. Las mismas vejaciones y los mismos
impuestos subsisten y han aumentado aún. El mismo sistema
monetario sin garantía alguna prepara la ruina de los pueblos, y
una Constitución mezquina que nunca hará honor al país, todo eso
ha puesto por doquier el sello de la ignominia privándonos, con
una verdadera burla del derecho natural, de la única cosa española
que nos quedaba: el idioma natal y ha puesto de lado nuestra
venerable religión para que desaparezca de nuestros hogares. Y, en
efecto, si esa religión del Estado, cuando era protegida, fue
despreciada y vilipendiada conjuntamente con sus ministros, ¿qué
será ahora que se halla rodeada de sectarios y de enemigos?
La violación de nuestros
derechos, costumbres y privilegios y muchísimas vejaciones nos han
revelado nuestra esclavitud y nuestra decadencia y los principios
jurídicos que rigen la vida de las naciones deciden la cuestión a
favor de nuestra patria como la decidieron a favor de los Países
Bajos contra Felipe II, en 1581.
En virtud de tales
principios, ¿quién se atreverá a repudiar la resolución del pueblo
de Les Cayes cuando se sublevó contra Boyer y lo declaró traidor
de la patria?
Y quién se atreverá a
repudiar nuestra propia resolución de declarar la parte oriental
de la isla separada de la República de Haití?
No tenemos obligación alguna
con respecto a quienes no nos dan los medios de cumplirla, ningún
deber con aquellos que nos privan de nuestros derechos.
Si se consideraba la parte
oriental incorporada voluntariamente a la República haitiana,
debía gozar de los mismos beneficios y de los mismos derechos de
que gozan aquellos con quienes se había aliado, y si en virtud de
esa unión estábamos obligados a defender nuestra integridad, ella,
por su parte, debía procurarnos los medios de hacerlo; pero faltó
a eso violando nuestros derechos, y, por consiguiente, estamos
libres de nuestra obligación. Si se consideraba esa parte oriental
sometida a la República, con más razón debía gozar sin
restricciones de todos los derechos y prerrogativas sobre los
cuales había un convenio y que le fueron prometidos y, si no se
realiza la única y necesaria condición de su sometimiento, queda
libre y enteramente desligada, y sus deberes, en lo que a ella se
refiere, le imponen que provea por otros medios a su propia
conservación.
Consideramos esa Constitución
con respecto a la de Haití de 1816, veremos que, además del caso
singular de una Constitución dada a un país extranjero que no la
necesitaba y no había nombrado a sus diputados para discutirla,
hay también una escandalosa usurpación, pues en aquella época los
haitianos no tenían aún la posesión de esa parte, exactamente como
ocurrió con los franceses cuando fueron expulsados de la parte
francesa: como no eran los propietarios, no podían abandonarla a
los haitianos. Por el tratado de Basilea, esa parte fue cedida a
Francia y devuelta a España en ocasión de la paz de París, gracias
a la cual fue sancionada la posesión que los españoles hicieron
efectiva en 1809 y que continuó hasta 1821, época en que dicha
parte se separó de la metrópoli.
Cuando, en 1816, los hijos de
occidente revisaron su Constitución, esa parte no pertenecía ni a
Haití ni a Francia. En lo alto de las fortalezas flameaba la
bandera española, gracias a un derecho indiscutible, y del hecho
que los indígenas llamaban Haití a la isla de Santo Domingo no
debe deducirse que la parte occidental, que fue la primera en
constituirse en Estado soberano con el nombre de República de
Haití, tuviera el derecho de considerar la parte del Este u
oriental como parte integral, cuando la una pertenecía a los
franceses y la otra a los españoles. Lo cierto es, que si la parte
oriental debía pertenecer a Francia o a España y no a Haití, pues
si nos remontamos a los primeros años del descubrimiento del
inmortal Colón, nos damos cuenta de que los orientales tienen más
derechos al dominio que los occidentales.
Si, por último, se considera
esa parte de la isla conquistada por la fuerza, es por la fuerza,
si no hay otro modo, que se resolverá la cuestión. Considerando
los vejámenes y las violencias cometidos durante veintidós años
contra la parte anteriormente española, salta a la vista que ha
sido reducida a la más extrema miseria y que se está llevando a
cabo su ruina, por lo cual el deber de su propia conservación y de
su bienestar futuro la obliga sin más a asegurar con medios
convenientes su seguridad, pues lo antedicho constituye un derecho
(un pueblo que depende voluntariamente de otro pueblo con el
objeto de aprovecharse de su protección, queda libre de toda
obligación cuando dicha protección le viene a faltar, o cuando eso
ocurre por la impotencia del protector).
Considerando que un pueblo
obligado a obedecer a la fuerza y que le obedece hace bien, pero
que si resiste cuando puede hacer mejor; considerando, por
último, que dada la diferencia de las costumbres y la rivalidad
existente entre los unos y los otros, nunca habrá armonía ni
perfecta unión, y como además los pueblos de la parte
anteriormente española de la isla de Santo Domingo comprobaron
durante los veintidós años de su agregación a la República de
Haití que no pudieron obtener ventaja alguna, sino al contrario,
que se arruinaron, empobrecieron y degradaron y que fueron
tratados de la manera más vil y abyecta, han resuelto separarse
para siempre de la República haitiana para proveer a su seguridad
y a su conservación, constituyéndose, según los antiguos límites,
en Estado libre y soberano. Las leyes fundamentales de ese Estado
garantizarán el régimen democrático, asegurarán la libertad de los
ciudadanos aboliendo para siempre la esclavitud y establecerán la
igualdad de los derechos civiles y políticos sin miramientos para
con las distinciones de origen y nacimiento.
Las propiedades serán
inviolables y sagradas; la religión católica, apostólica y romana
será, como religión del Estado, protegida en todo su esplendor.
Pero nadie será perseguido ni castigado por sus opiniones
religiosas. La libertad de Administración-Usuarios será protegida; la
responsabilidad de los funcionarios públicos quedará debidamente
establecida; la confiscación de bienes por crímenes y delitos será
prohibida; la instrucción pública será estimulada y protegida a
expensas del Estado; los derechos e impuestos serán reducidos al
mínimum; habrá un olvido total de los votos y de las opiniones
políticas emitidos hasta este día, y eso mientras los individuos
se adhieran de buena fe al nuevo sistema. Los grados y empleos
militares serán conservados de acuerdo a las leyes que se
establecerán. La agricultura, el comercio, las ciencias y las
artes serán igualmente fomentados y amparados.
Lo mismo ocurrirá con el
estado de las personas nacidas en nuestra tierra o con el de los
extranjeros que en ella querrán vivir, en armonía con las leyes.
Por último, emitiremos lo más pronto posible una moneda con
garantía real y verdadera, sin que el público pierda nada sobre la
que tiene con el sello de Haití.
Tal es la finalidad que nos
proponemos en nuestra separación, y estamos resueltos a dar al
mundo entero el espectáculo de un pueblo que se sacrificará por la
defensa de sus derechos y de un país que está dispuesto a
reducirse a cenizas y escombros si sus opresores, que se jactan de
ser libres y civilizados, persisten en su propósito de imponerle
una condición que le parezca aún más dura que la muerte.
En vez de transmitir a
nuestros y a la posteridad una esclavitud vergonzosa, nosotros,
sobreponiéndonos con firmeza y esperanza a los peligros, juramos
solemnemente ante Dios y ante los hombres, que empuñaremos las
armas para la defensa de nuestra libertad y de nuestros derechos.
Confiamos, sin embargo, en la misericordia divina que nos
protegerá e inducirá a nuestros adversarios a una reconciliación
justa y razonable para que se evite el derramamiento de sangre y
las calamidades de una guerra espantosa que no provocaremos pero
que será una guerra de exterminio, si debiera producirse.
Dominicanos! (comprendemos
bajo esta denominación a todos los hijos de la parte oriental y a
quienes quisieran seguir nuestra suerte) el interés nacional nos
llama a la unión. Con nuestra firme resolución, mostrémonos los
dignos defensores de la libertad; sacrifiquemos en los altares de
la patria todo odio y toda personalidad; que el sentimiento del
interés público sea el móvil que nos dirige en la santa causa de
la libertad y de la separación. Con semejante separación nada
hacemos contra la prosperidad de la República occidental y
favorecemos la nuestra.
Nuestra causa es sagrada. No
nos faltará ayuda, pues ya podemos contar con la que nos procura
nuestra tierra, y, si fuera necesario, nos valdríamos del auxilio
que los extranjeros pudieran procurarnos en semejante caso.
El territorio de la República
Dominicana, estando dividido en cuatro provincias, esto es: Santo
Domingo, Santiago o Cibao, Azua, desde el límite hasta Ocoa, y
Seybo, su gobierno se compondrá de un cierto número de miembros de
cada una de esas provincias a fin de que participen de tal suerte
y proporcionalmente a su soberanía.
El gobierno provisional se
compondrá de una Junta de once miembros elegidos en el mismo
orden. Esa Junta tendrá en su mano todos los poderes hasta que se
redacte la Constitución del Estado. Determinará la manera a su
juicio más conveniente para conservar la libertad adquirida y
nombrará, por fin, jefe supremo del ejército, obligado a proteger
nuestras fronteras, a uno de los más distinguidos patriotas,
poniendo bajo sus órdenes a los subalternos que le sean necesarios.
Dominicanos! ¡A la unión! Se
presenta el momento más oportuno. De Neyba a Samaná y de Azua a
Montecristi las opiniones son unánimes y no hay un solo dominicano
que no grite con entusiasmo: Separación, Dios, Patria y Libertad. |
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